Lo que no parecen querer entender los que chillan como cochinos a los que se les pisa una pezuña porque un juez haya decidido usar la lógica racional, la jurídica y la política, aunarlas en una diligencia y pedir información a las autoridades competentes sobre el paradero de miles de desaparecidos en el transcurso de una de las represiones políticas más crueles del siglo XX, exactamente igual que a todo el mundo le parece lógico que otros jueces lo hagan con las víctimas de las dictaduras del Cono Sur o de otros lugares, es que este no es un país normal. Y que la normalidad definitiva en el terreno del ajuste de la memoria colectiva sólo pasa por aclarar qué pasó de verdad en aquellos años y no seguir echando ominoso olvido sobre las tumbas desconocidas de miles de españoles indefensos que fueron asesinados por una banda armada sólo por pensar diferente. Porque no se trata tanto de calmar el desasosiego de los familiares aún vivos, cuyo derecho es inviolable, sino también y, fundamentalmente, para que queden fijadas las pautas historiográficas que han de seguirse para una correcta interpretación de la Historia de este país, cuando las pruebas están aún disponibles. Y es ahí donde está la raíz del dolor de su pezuña. Porque se supone que a nadie le debe parecer intolerable que las personas humanas quieran saber el paradero de sus familiares humanos muertos en circunstancias “no naturales”. Constantemente asistimos a las muestras de angustia de las familias de marineros muertos y su afán por conseguir que se rescaten sus cuerpos del fondo del mar para proporcionarles una digna sepultura donde poder llorarlos y la predisposición del estado a la hora de surtirlos de psicólogos que les ayuden a mitigar el dolor de las pérdidas. Es por eso que si les molesta un hecho tan natural como ese es porque sienten que esa investigación puede poner sobre la mesa algo oscuro que pretenden esconder. Y efectivamente podemos suponer qué es eso oscuro que tan nerviosos los pone. Sus memorias, los símbolos, los personajes que veneran, las espiritualidades que consumen están fundadas sobre un hecho abominable que repugna incluso a las conciencias más adocenadas. Nada más y nada menos que un genocidio. Y si no son responsables políticos y penales de los crímenes de sus padres y abuelos al menos deberían serlo por lo que respecta al patrmonio fruto del crimen y la rapiña que heredaron y que les permitió vivir mientras las víctimas sobrevivientes de ese saqueo simplemente vegetaban.
No es cierto como dice José Cobos en un artículo publicado hoy mismo en el diario CÓRDOBA que investigar cuáles y cuántos fueron los fusilados y desaparecidos a raíz del golpe de estado militar, durante la Guerra Civil y durante la represión franquista de posguerra, no hace daño a nadie. Hace daño a la falsa memoria histórica de esta ciudad, hace daño a la integridad moral de todas esas personas que siguen manteniendo la llama laudatoria de la feroz dictadura en forma de homenajes continuos a los asesinos. Porque la raíz principal del asunto es que mientras las fuerzas políticas, sociales y culturales progresistas, supuestamente herederas de la ética civil de aquella democracia aniquilada, hace tiempo que hicieron ostentosa dejación de sus obligaciones en el mantenimiento del recuerdo y restauración de la justicia y la reparación moral de las víctimas de aquel estado de terror programado, los que se consideran herederos a cara más o menos descubierta del espíritu de la considerada por la Iglesia Católica Cruzada no tienen absolutamente ningún empacho, y lo que es peor, ningún problema legal, para seguir exaltando a los siniestros personajes que hicieron posible el genocidio. Las más de las veces contando con la complacencia cuando no incluso con la entusiasta colaboración de aquellos.
La verdad de lo que pasó y la calaña de los que lo perpetraron se conoce perfectamente a despecho de la caterva de historiadores revisionistas que han surgido recientemente y que pretenden enturbiar la meridiana claridad de las responsabilidades de los protagonistas con torpes maniobras distractoras. Francisco Moreno Gómez, un historiador cordobés, publicó en 1985 un libro titulado La Guerra Civil en Córdoba : (1936-1939) (Madrid : Alpuerto, D.L. 1985), prologado nada menos que por el profesor Tuñón de Lara en el que estudiaba pormenorizadamente los antecedentes del golpe de estado, la veracidad de las justificaciones que dieron los golpistas (y que aún se dan), la situación en la ciudad a lo largo de toda la guerra y el alcance del genocidio programado que en ella ocurrió. La ciudad cayó el primer día en manos de los fascistas. Así que no hubo apenas resistencia. Resultado total: 1 muerto por parte de los golpistas. 7000 muertos republicanos entre los fusilados a lo largo de los tres años de guerra, la mayoría sólo en los primeros 6 meses y los que fallecieron de hambre en las cárceles de la posguerra. Fue pues un genocidio programado a sangre fría. Los primeros asesinados fueron los políticos (incluidos los de la derecha moderada), posteriormente el sector laico de la sociedad (maestros y médicos principalmente) y por último cualquier persona a la que se le pudiera demostrar vinculación con algún partido republicano, sindicato o asociación obrerista. Todas las pruebas apuntan a que la Iglesia Católica alentó y bendijo inequívocamente los crímenes. Los nombres de los responsables están allí, en el libro. Algunos han lucido en las esquinas en placas de mármol recordándolo infamemente hasta hace cuatro días. Otros aún lo hacen para pasmo de las personas que se acerquen con cierta decencia a los hechos. Los cuerpos de los asesinados permanecen en fosas comunes junto a las tapias de los cementerios. Los políticos municipales y autonómicos de la ciudad de Córdoba, de mayoría socialista y comunista, en uno de los ejercicios de autotraición más singulares de los que se tiene noticia desde que Michael Jackson se tiñó de blanco wasp su piel de negro nieto de esclavos, no sólo no han hecho casi nada en los más de 25 años que llevan gobernando para hacer resplandecer la verdad del horror de aquellos años y rehabilitar moralmente a las víctimas sino que ni siquiera se han dignado colocar una simple placa o monolito en el lugar donde tantos de sus correligionarios fueron asesinados por sus ideas (1).
(1) Hace unos días en el programa RNE En días como hoy fue entrevistado Cecilio Gordillo, uno de los coordinadores del proyecto Todos los nombres y miembro de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, que ha sido la que ha presentado la denuncia que ha movido al juez Garzón a abrir las diligencias y a solicitar la colaboración de varios ayuntamientos y a la Iglesia. Ente otras muchas cosas, preguntado por la escasa voluntad de algunos ayuntamientos a colaborar afirmó que el color político no era determinante. Que por ejemplo el ayuntamiento de Málaga, en manos del PP había sido muy receptivo incluso antes del auto del juez Garzón y que incluso había librado un presupuesto para excavaciones. Y que en cambio el de Córdoba, en manos de IU, era de los que más trabas solían poner a los investigadores. Prueba de ello es que siendo conocido el lugar de los fusilamientos y de las fosas nunca fue receptivo ni siquiera al requerimiento de que colocase un simple monolito de recordatorio.
MEMORIA HISTÓRICA Y MISERA MORAL (II)
MEMORIA HISTÓRICA Y MISERIA MORAL(III)