Un adoquín dorado para el último alcalde republicano de Córdoba

Un pueblo al que su sistema de enseñanza o sus medios de comunicación han seguido escamoteando el sentido, los datos y las responsabilidades de un genocidio cometido con sus padres y abuelos tras el levantamiento del veto informativo que los criminales que lo perpetraron impusieron como su consecuencia durante los años en que gobernaron y saquearon el país a punta de fusil, es un pueblo involuntariamente desalmado. Un pueblo al que se le ha extirpado el alma. Es así, sin alma, como la mayoría de ese pueblo puede sobrellevar sin conciencia el hecho de que ese país al que pertenece, incluido en el cogollito más civilizado del mundo civilizado, ostente las dos infames medallas que lo colocan por encima de los demás en el podio de los sistemas estatales infames: la de plata correspondiente al SEGUNDO PUESTO MUNDIAL en el ranquin de países con mayor número de desparecidos tras Camboya y la de oro como PRIMERO entre los que menos esfuerzo han realizado para que se haga justicia con ellas, tanto en el campo de la restitución de cuerpos a sus familiares como en el de depuración de responsabilidades entre quienes hasta hace muy poco han ostentado cargos políticos e institucionales habiendo sido cómplices del genocidio.

Las causas de este terrible fenómeno ya han sido analizadas por medios diversos, desde libros, a artículos, desde películas a poemas… Y van desde los esfuerzos titánicos por parte de las fuerzas imperialistas europeas y americanas, representadas por la OTAN, por mantener un bastión estratégico tan importante como la península Ibérica, renunciando a vencer a los últimos fascismos europeos, el español y el portugués, poniéndolos a su servicio como policías antiveleidades contratados para evitar sustos revolucionarios como -por ejemplo- los que estuvieron a punto de proporcionarles los iraníes y los italianos en los 50, hasta el establecimiento del país como pista de aterrizaje del capitalismo expansivo comunitario, alemán especialmente, en los 80, mediante la alquimia de convertir al franquismo en demócrata de toda la vida y casarlo con una socialdemocracia prostituta que casualmente pasaba por allí. Pasando por la propia predisposición de los restos del pueblo español -resistente y sobreviviente del franquismo- a la sumisión por falta de cimientos cívicos y democráticos reales. Tras la larga noche de la brutal dictadura, esa entrega se vio acelerada por la contundencia de la artillería keynesiana, que ya había sido ensayada con todo éxito a finales de los 60 en Francia y que acabaría entregando hasta el último bastión resistente al nuevo –y lógico- avatar del Señor: el ultraliberalismo. Con la caída de la irreductible aldea de los mineros de Gales, tras el brutal cerco tatcheriano, se perdió la última esperanza. La falsa clase media, esa clase obrera de las ciudades embelesada –y alienada- por la opulencia prestada, fue su mejor aliada. Desde Helsinki a Tesalónica. Y en España cursó –como condición indispensable- con el olvido de las víctimas del franquismo.

Pero, como afirma el profesor Casanova, España perdió además las tres décadas fundamentales en las que se consolidó la democracia formal en Europa y varias generaciones quedaron fuera del disfrute de los bienes sociales, educativos, culturales y políticos de que disfrutaron las demás y, sobre todo, no se ejercitaron en el juego de responsabilidades sociales y políticas que crearon en los demás estados sociedades maduras. Todas esas carencias explican los déficit democráticos españoles de hoy y desde luego, la corrupción enquistada en las instituciones y a la que la sociedad parece no querer combatir porque la considera natural, parte de su propia idiosincrasia. Es por ello que la tarea de regeneración social y política en España se presenta como una tarea titánica con escasas posibilidades de éxito. Y por eso una de las pocas luchas en las que de verdad merece la pena brearse porque tiene posibilidades de conseguir frutos reales y tangibles, es la lucha contra el olvido de las víctimas del franquismo, la continua rememoración del genocidio de republicanos llevado a cabo por las fuerzas del nacionalcatolicismo, el único régimen fascista europeo –junto con el portugués- que no fue vencido por las democracias y cuyos crímenes continúan impunes.

La reivindicación de la justicia memorística se alza así como el arma más potente para evitar que el fascismo español, el nacionalcatolicismo, siga con la cara lavada por el tiempo, la débil conciencia popular o el interés de los herederos de los instauradores. Luchar para que se eliminen de las calles y las plazas y de los libros municipales los honores concedidos a lo largo de la larga dictadura a la canalla que la fundó o la mantuvo debe ser percibido como un ejercicio de higiene democrática. Contrarrestar la literatura revisionista y justificatoria del fascismo con otra disciplinariamente contrastada, una necesidad social. Homenajear a sus víctimas, devolverles la dignidad arrebatada, un ejercicio de mera justicia. Las nuevas generaciones no deben ser educadas en el olvido de las víctimas ni en la justificación de los victimarios para que al menos no sumen a sus carencias democráticas la manipulación de la historia del país en el que viven ni se conviertan en cómplices de una tremenda injusticia histórica.

En Córdoba a lo largo de los 30 años de gobiernos municipales nominalmente de izquierdas se dieron importantes pasos en la higienización de los espacios públicos con la retirada de las más visibles simbologías enaltecedoras franquistas. Pero aquella tarea que comenzó fuerte en los primeros años de gobierno municipal izquierdista fue diluyéndose poco a poco por la falta de voluntad de unos epígonos claramente volcados en sus propias carreras mediante la coyunda antinatura con las fuerzas más reaccionarias de la ciudad, que exigieron el cese del proceso de higienización y reclamaron incluso intervenir en las decisiones de concesión de honores municipales. Sólo así se explica que nombres de calles a conspicuos fascistas dedicadas, entre ellas la que pasa por principal de la ciudad, la Cruz Conde, nombre que corresponde al organizador de la trama civil local del golpe de estado devenido genocidio, pervivan hasta hoy mismo. O el de un ministro franquista, conde de Vallellano, que nombra la principal avenida de acceso a la ciudad por el sur. O que una enorme placa ensalzadora de un verdadero monstruo criminal, el general Varela, se retirara hace sólo cinco años. O que –ya en época constitucional- se levantaran estatuas a nada menos que cinco curas y un locutor franquista en la ciudad y ninguna a ningún demócrata o resistente a la dictadura. O que a un individuo detentador y propagador de ideología nazi y justificador de los fusilamientos de republicanos como el obispo Fray Albino se le dedicara toda una Avenida. O que un criminal de guerra como Cañero de nombre aún a todo un barrio y a una plaza…

Mientras, costó dios y ayuda que se homenajease con un muro en los cementerios a los miles de fusilados y enterrados en sus fosas. No hace ni diez años. Y el colmo de la desvergüenza fue que los familiares de un diputado socialista enterrado en una de ellas denunciaran en los tribunales a la alcaldesa excomunista por negarse a cumplir la Ley de Memoria Histórica y permitir buscar sus restos.

El último alcalde de la ciudad, el socialista Manuel Sánchez Badajoz, fue perseguido y cazado por falangistas, correligionarios de los Cruz Conde, como una alimaña en el campo donde se refugió y fusilado sin más. La vergüenza de todas las corporaciones municipales desde la Transición hasta ahora es que a ninguna se le haya ocurrido poner una simple placa en la puerta del Ayuntamiento en su memoria, aunque fuera sólo por contrarrestar el aparato enaltecedor de sus asesinos que aún pervive en la ciudad. Sólo hace unos años se le concedió nombrar un lóbrego callejón de Cercadillas. El triste, solitario y oportunista gesto de la nueva alcaldesa, del partido que usurpa el nombre de aquel en el que militó el alcalde mártir, de llevar unas flores a su tumba nada más tomar posesión, habla de la profunda hipocresía en la que están instalados sus sedicentes herederos políticos. Por el contrario hace unos días la misma corporación aceptaba la colocación en pleno centro de la ciudad de un aparatoso monumento a un empresario del siglo XIX, donado por una empresa con fines claramente publicitarios. Está claro quién sigue imponiendo la dirección de las acciones honoríficas en esta triste ciudad.

Por eso me ha llenado de alegría la noticia de que en Pamplona la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra ha decidido imitar las acciones emprendidas en Alemania y otros lugares de Europa por asociaciones que han secundado la idea de un artista alemán que decidió homenajear por su cuenta a las víctimas del nazismo recordando al mayor número de ellas mediante el sistema de colocar un adoquín dorado con los datos de cada una de ellas en el último lugar donde hubiera residido o trabajado. Resulta emocionante –y tremendamente didáctico- tropezar (stolpersteine el nombre que el artista le dio en alemán significa eso, piedra caminera con la que se tropieza) con esas pequeñas y brillantes marcas por las calles de tantas ciudades alemanas, austriacas, italianas y polacas marcando el lugar donde vivió una víctima de la barbarie política fascista. En este documental se explica preciosamente.

En Pamplona han comenzado a ponerlas primeramente en una calle, la calle Merced, en la que 17 personas fueron sacadas de sus casas y nunca regresaron con vida. La idea es seguir colocándolas en otras calles y en otros pueblos, allí donde se requiera y se compruebe que vivieron víctimas del fascismo. A la vista de la absoluta falta de voluntad de absolutamente todas las fuerzas políticas mayoritarias de este país por cumplir con esa obligación, han de ser los propios ciudadanos los que lo hagan. Por lo que leo están empezando a aceptar ayudas públicas. Yo creo que es un error. Con sólo el permiso municipal para emprender la acción de colocación de los adoquines debería ser suficiente. Los políticos acabarían fagocitando unas acciones que vergonzosamente nunca se emplearon en realizar.

No sé cuál será el alcance final de esas acciones tanto en Navarra como en el resto del estado. Pero en Córdoba se podría iniciar ya una campaña para hacer lo mismo en toda la ciudad. Y para empezar constituiría un gran acto de justicia, de la universal, colocar uno de ellos ante la puerta del Ayuntamiento, ahora que precisamente van a levantar todo el suelo de la calle Capitulares para convertirla en una plaza peatonal. Ese primer adoquín dorado llevaría el nombre del último alcalde democráticamente elegido en un régimen legítimo antes de la instauración de la ilegítima II Restauración Borbónica, Manuel Sánchez Badajoz, y la fecha de su fusilamiento por los nacionalcatólicos cordobeses.