Alguien solicita mi humilde opinión sobre el tema de la parcelaciones ilegales que han sembrado de casas sin licencia prácticamente todo el hinterland cordobés, llegando a amenazar incluso el entorno protegido del parque arqueológico de Medina Azahara.
Peliagudo asunto en el que tengo como, creo, la inmensa mayoría de los cordobeses el corazón dividido. ¿Quién no conoce a alguien que con los ahorros de toda la vida o vendiendo el piso que compró al casarse, ha conseguido hacerse con un terrenito rústico a precios de ganga y a escondidas de las autoridades se ha construido una casita para vivir? Yo desde luego cuento con familiares, compañeros de trabajo y amigos. De entre ellos, muchos sólo cuentan ya con esa casa, pero es cierto que para otros se trata de una segunda vivienda con piscina en la que pasar el domingo y hacer peroles.
Desde finales de los 70 con el despegue económico del país, la inversión en el Simca o en la parcela fue moneda corriente entre las clases populares. Todo el mundo sabía que se cometía una ilegalidad puesto que se saltaban olímpicamente todas las normativas de todas las administraciones implicadas: municipales, autonómicas, nacionales, sanitarias, agrarias, de seguridad, en fin, absolutamente todas. Y que conllevaba además el agravio de primar con diferencias económicas de coste brutales a los fraudulentos frente a los que optaban por cumplir la ley a rajatabla, comprando terrenos en zonas urbanizables.
Todo el mundo en aquellos momentos consideraba una especie de compensación histórica el que las clases populares pudieran tener acceso al menos a un reflejo de lo que gozaban desde tiempo inmemorial las clases pudientes. ¿Todo el mundo? Parece que no. Y sorprendentemente la excepción estuvo en el propio organismo encargado de regular y reprimir la ilegalidad, en manos además de quienes podían comprender mejor ese mecanismo compensatorio sobrevenido: un gobierno municipal en manos de una coalición participada mayoritariamente por el Partido Comunista. Efectivamente puede decirse que quienes más pronto vieron el problema del parcelismo ilegal y trataron de atajarlo con todas sus fuerzas fueron los mismos que más tarde decidieron hacer la vista gorda y consentir que el problema se cebara sin control. Bueno, los mismos organismos, aunque no las mismas personas.
¿Clarividencia, amor a la legalidad, sentido de la responsabilidad, ecologismo avant la lettre? Parece que todo junto. Teresa Álvarez, responsable del área de urbanismo del primer gobierno de Anguita, lo contó en una entrevista que se le hizo en el diario El País en octubre pasado y que debería servir de manual para todos los políticos que hablan de problema usando sólo los elementos que les interesa.
Reproduzco directamente algunos párrafos:
En 1979, cuando entra el primer gobierno local democrático, existían asentamientos ilegales como Villarrubia, Los Mochos o Veredón de los Frailes, que hoy son barriadas con servicios. Carecían entonces de luz, agua y alcantarillado. Aquel ayuntamiento, cuando se encuentra con eso, dice que lo primero era darles servicios.
¿Eran viviendas humildes?
-Muy humildes. Las conocía bien porque frecuentaba esa zona. Eran casitas de una planta muy humildes. Gente que en los años 50 y 60 no tenía vivienda y las hacen allí.
Es con aquel gobierno municipal de 1979 cuando se encarga el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pues sólo existía el de 1958. El equipo redactor detecta entonces en un estudio sobre parcelaciones un total de 29, con un importante brote en la Sierra, y asegura que para ordenar el territorio hay que controlarlas, porque si el PGOU tardaba unos años en llegar, aquella situación se consolidaría. Había una realidad catastrófica, y había que controlarla. Las de la sierra eran parcelaciones de 40 viviendas, algunas consolidadas desde los años sesenta. Pero eran ilegales. En la campiña no había casi nada y menos aún en Medina Azahara.
Hasta 1987, según la exconcejala, se consiguió, pese a los escasos medios con que contaba el negociado, mantener a raya el parcelismo ilegal, con mano firme y con las armas más contundentes, judiciales y policiales, contradiciendo la versión mentirosa, que ella misma denuncia, de Rafael Merino quien culpó siempre a Anguita del desastre. Yo aún recuerdo en mi centro de trabajo las anécdotas de los afectados a quienes les costaba Dios y ayuda burlar la vigilancia de los agentes municipales por aquellos años.
Fue en 1987 cuando comenzó la debacle. Herminio Trigo sucedió a Anguita y pretendió ofrecer un talante más tolerante que el Califa Rojo. Para ello comenzó expulsando a la propia Álvarez de urbanismo cuando se negó a abrir la mano en el tema de las parcelaciones. Desde ese momento y a lo largo de todas las legislaturas, de IU y la del PP, se sustituyó la tónica de inflexibilidad con el delito urbanístico por la manga ancha, la vista gorda y, añado yo, la estupidez soberana.
La extensión de la metástasis fue imparable. Las parcelaciones crecieron como la mala hierba en jardín sin jardinero, llegándose finalmente hasta la vergüenza de que tuviera que ser la Junta la que pusiera pie en pared en el tema de las extensísimas edificaciones que el eximio prócer local y delicado ciudadano, Rafael Gómez, construyó en terrenos de la Colecor mientras el ayuntamiento de Rosa Aguilar miraba para otro lado.
¿Qué ocurre ahora? Pues que cuando la mierda te llega a cuello no tienes manos para limpiártela. Y ahora ya no hablamos de un problema, sino de una catástrofe sin solución. Y como en toda catástrofe los oferentes de soluciones para lo insolucionable aparecen con sus capas blancas y sus sonrisas radiantes a tratar de vender su detergente milagroso, estúpidamente milagroso.
¿Responsables? Todos. Los parcelistas por piratas. Los gestores municipales de IU por su cambio de talante y los del PP por continuista, los demás partidos por usar la razón como arma ofensiva y no como herramienta constructiva, la Junta por su desidia cuando pudo atajar a tiempo el problema tirando de las orejas al Ayuntamiento, (ni más ni menos que como en Marbella) y los ciudadanos por encogernos de hombros y disfrutar sin remordimientos de la piscina del cuñao o del perolete en la parcela del colega.
Así que eso es lo que hay. Cualquier político que quiera hablar del tema debería lavarse antes la boca con el jabón de la memoria. Y desde luego abandonar la venta de su moto y tratar de buscar un consenso con las demás fuerzas para solucionar lo poquísimo solucionable.
Ahora mismo el problema principal es el de Las Pitas y, secundariamente, el del aeropuerto. En este último porque impide la ampliación necesaria de las pistas y el primero porque está inscrito en el perímetro protegido del entorno de Medina Azahara. La excusa que ponen tanto los parcelistas como el Ayuntamiento es que la ampliación de ese perímetro que acabaría englobándolos se hizo después de que ellos estuvieran allí. Pero como dice la propia Álvarez aquello era (y sigue siendo) suelo no urbanizable y las casas ilegales, por lo que difícilmente podía ninguna administración contar con algo que legalmente no existe.
Lo último que se han sacado de la manga los aguerridos parcelistas de Las Pitas es que la declaración de BIC del entorno de Medina Azahara es ilegal porque uno de los criterios del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (Icomos) especifica que a la hora de ampliar un BIC la Administración debe contar con la opinión de los ciudadanos a los que afecta, procedimiento que aseguran no se cumplió en este caso. Pero como afirma una perspicaz contertulia asidua del foro Calleja de las Flores, a estos probos ciudadanos se les olvida que los ciudadanos afectados no son sólo los que se refrescan el pijo en las noches de verano a dos palmos de la ciudad palatina, sino también los restantes 320000 habitantes que habitamos en suelo urbano.
Pero los parcelistas es lógico que se defiendan con uñas y dientes. Lo que no tiene ninguna justificación es esa misma defensa desde posiciones interesadas, caso de los partidos políticos y del gobierno municipal. La patética postura de Andrés Ocaña, actual responsable de Urbanismo del Ayuntamiento cordobés, defendiendo a un puñado de parcelistas ilegales frente a la racionalidad de la Unesco y de la Junta, en lugar de alinearse inequívocamente con ellas en la defensa del patrimonio histórico, arqueológico y artístico de TODOS LOS CIUDADANOS, es de las cosas más lamentables que este experimentado catador de cosas lamentables ha tenido la oportunidad de conocer.
Y otra cosa, mariposa: que aclaren la acusación de que la lucha del gobierno municipal, ayudado en este tema por el PP, contra la Junta por la ampliación del BIC no tiene que ver con las 61 hectáreas que Sandokán compró entre 2004 y 2005, parte de las cuales se verían afectadas por la declaración. A ver si en realidad la pena por los pobricos vecinos se va a transmutar en otra cosa.
Medina Azahara es un tesoro arqueológico que parece que nadie en esta ciudad acaba de ponderar en su justeza. En ningún país civilizado se consentiría un avasallamiento de los materiales físicos de su historia como se ha consentido aquí. Lo alucinante es que por otra parte a todo el mundo en ella se le llena la boca de historia, de abderramanes, de córdoba romana y mora y de todos los tópicos enlatados que sirven para vender un producto al que consideran ya acabado, listo para que lo consuman los turistas que les dejarán su pasta golosa (en cuanto por fin cuajen las pernotasiones y no sólo sus evacuaciones en los bares como vienen haciendo ahora), y no como algo vivo, en continua evolución científica de estudio y ampliación del conocimiento del pasado de la ciudad y como inversión turística para el futuro.
Y desde luego no se les puede consentir a los parcelistas que acosen a los turistas a la puerta del recinto arqueológico con estúpidas encuestas sobre el impacto visual de sus chaletes. Yo, pacífico guiri que viene a disfrutar de las bellezas de esta tierra, ante un aguerrido piquete de gorrillas y maris teñidas de rubio firmo lo que haga falta.
Y nadie mejor que la propia Teresa para apuntar posibles soluciones:
P. ¿Hay solución para el problema de Las Pitas?
R. Lo primero que creo que hay que hacer es paralizar todas las construcciones nuevas. La policía tiene que estar allí perpetuamente. La Junta dice que hay que sacar a los parcelistas de allí y darles otra casa. Y la gente de la calle dice que se les está premiando, pero yo creo que es lo que hay que hacer. El Ayuntamiento dice que la Junta sólo hace dos o tres años que abrió el perímetro de protección de Medina Azahara. Muy bien, es cierto, pero aquello era suelo no urbanizable antes y las casas ya eran ilegales. Solución yo no veo otra que sacarlos de allí. Quizás, se podría diferenciar entre las personas que tengan la casa de primera residencia y segunda residencia. Y eso lo tiene que hacer la Junta y el Ayuntamiento, porque los dos son culpables. Y nos tiene que costar el dinero a los cordobeses también porque somos culpables. Aquí todos somos culpables. Y en el resto de parcelaciones que no influyen en Medina Azahara, mano dura para que no crezcan más.
Así que ya lo sabéis. Yo estoy con ella:
A TIRAR Y A PAGAR A ESCOTE
En cuanto a las otras parcelaciones ilegales tanto serranas como campiñeras podría arbitrarse otra solución. Las viviendas no se legalizan, aunque se las dota de las MÍNIMAS condiciones de habitabilidad (luz y agua) y se impide tanto su reedificación como su enajenación por venta o herencia, de manera que al morir los actuales propietarios pasasen a propiedad municipal con el compromiso ineludible de su demolición y la vuelta de los terrenos a su condición primigenia agraria. Así, dentro de 50 años la campiña y la sierra cordobesas volverían a los cordobeses del futuro tal como nosotros lo recibimos, que es de lo que se trata.
Ya sé, ya sé... De ilusión también se vive.
OTRA ENTREVISTA A TERESA ÁLVAREZ EN ABC
NOTA: Las fotos pertenecen a la edición digital del Diario Córdoba.
ADDENDUM del 24 / 12/ 2007:
Leo en El País-Andalucía de ayer sábado bajo el título
El Ayuntamiento de Granada ordena demoler diez obras ilegales en la Vega
las declaraciones de la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Lola Ruiz:
"...Es un brindis al sol, una incoherencia del PP y son órdenes que llegan tarde por la dejación que ha imperado..."
Vergüenza debería de darle. Si los políticos (sí, todos) supieran lo que es eso. Porque es imposible que desconozca las dejaciones de sus camaradas de partido con mando en plaza en la ciudad vecina, Córdoba mismamente.
Arturo, ¡¡¡a ver cuando le metes mano también a estos cretinos!!!!
ADDENDUM DEL 19 / 01 / 08
Habla un responsable de Disciplina Urbanística a raíz de la denuncia de que policías de la misma habían construido ilegalmente:
ARTÍCULO DE ABC
ADDENDUM DE 23/09/08
NOTICIAS DE EL PAÍS
