La Hermandad del Santo Latrocinio (I)

Cada día estamos más convencidos del carácter providencial de la elección de Su Lustrísima don Demetrio Fernández, conocido ya cariñosamente como El Tío del Báculo Espantamoros por sus fieles más fans, como Obispo de Córdoba. Ya no cabe duda de que El Paráclito lo ha enviado para que consume definitivamente la II Desislamización de la Mezquita (antes mezquita) de Córdoba y con el declarado fin de cambiar de una vez y para siempre el nombre del monumento centro físico y espiritual de la Sede Episcopal Cordobesa. Y ello desde el primer día de su toma de posesión cuando hizo grabar en su escudo de armas episcopal el precioso lema:

CATEDRAL ANTES MUERTA QUE MEZQUITA

Y hoy ya ha dado su primer paso público desde las piadosas páginas del diario confesional católico ABC mediante un llamamiento a las autoridades para que dejen, de cara a la proyección que tendrá la ciudad con su posible designación como Capital Cultural Europea 2016, de llamar en la cartelería y el folletaje Mezquita-Catedral de Córdoba a la Mezquita-Catedral de Córdoba y la llamen simplemente Catedral de Córdoba para no confundir a los visitantes. No sean que se imaginen que se van a encontrar un Corán en la silla de un imán o tropezar con el culo de un moro rezando.

La bondad, la voluntad de diálogo de su Lustrísima se ponen de manifiesto en el hecho de que ese llamamiento lo hace desde el más estricto buenrollismo, invitando de buenos modos a las autoridades civiles a que no perseveren en el error evitándole el malrollo de tenerlo que hacer por las malas. O sea mediante el baculazo de la vía judicial.

Y es que desde no hace mucho el Señor Obispo, en nombre de su Empresa, debe tener la potestad de imponer mediante el peso de la ley el nombre que ha de darse oficialmente a sus productos, pero sobre todo a sus propiedades. Propiedades por ahora legales y requetelegales desde que las inmatriculó en el Registro de la Propiedad con premeditación, alevosía, sigilosidad y la complicidad de todas esas autoridades civiles que ahora se resisten a tener que emplearse en el gasto y el fárrago de cambiar tanto cartel y tanto folleto con la crisis que está cayendo.

Efectivamente muy pocos cordobeses de a pie saben (los de a caballo se enteraron también tarde, pero disimulan) de que desde un histórico, aunque indeterminado, día del año 2006 y después 770 años, concretamente desde el 29 de junio de 1236 en que un rey castellano confiscara el edificio a la comunidad musulmana cordobesa, la Mezquita-catedral (perdón la catedral antigua Mezquita, digo... la catedral de Córdoba, que me atiza el Tío de la Vara, digo del Báculo) ha dejado de ser un bien público, para pasar a ser un bien privado. Es decir ha sido privatizada y regalada a una multinacional estatal extranjera, la Iglesia Católica, con sede central en el último estado absolutista de Europa, el Vaticano, a través de su sucursal empresarial local: el cabildo catedralico católico cordobés. El hecho suena un poco irrespetuoso e incluso borde, pero que me diga alguien que no responde a la realidad real a la vista del proceso mediante el cual se ha llevado a cabo:

La Ley Hipotecaria fue un invento de los legisladores franquistas para permitir al estado dictatorial de esencia fascista hacerse con la propiedad de los bienes comunales que nunca hubieran sido inscritos en Registro de la Propiedad alguno (a eso se llama inmatricular) y que pertenecían como bienes públicos por simple tradición a los concejos, parroquias y municipios, que nunca se vieron en la necesidad de hacerlo. Es decir a robar cómodamente lo que pertenecía desde tiempos inmemoriales sin intermediarios al pueblo. Por ejemplo inmatricular era lo que hacían los colonos del Far West con las tierras de los indios. En su artículo 206 la ley permitía a las Corporaciones Provinciales, Locales y de Derecho Público y a la Iglesia Católica (asimilándola lógicamente a la estructura de poder de la dictadura nacionalcatólica) a inmatricular por un procedimiento excepcional los bienes que le pareciera oportuno, excepcionando en su caso los lugares de culto. Según la abogada Isabel Urzainqui esa posibilidad excepcional de inmatricular supone que no es necesaria publicidad, edictos ni trámites, de forma que "una certificación del Diocesano sirve para pasar al Registro a un bajísimo coste y sin necesidad de notario".

Es así que la Iglesia se hizo en aquellos años con infinidad de tierras comunales que mantenía hasta entonces sólo en usufructo y de edificios históricos que en algún momento de la historia le habían sido cedidos por los concejos o por los demás poderes civiles para su mero uso. Pero la legislación fascista no se atrevió a conceder la propiedad de las iglesias, ermitas y santuarios a la Iglesia Católica.

Para ello sólo hubo que esperar pacientemente hasta 1998 cuando en una España desembarazada por fin de la dictadura e inmersa en una pseudodemocracia puramente electoralista accedió al poder un partido confesadamente confesional formado fundamentalmente por los herederos espirituales, intelectuales y biológicos del nacionalcatolicismo, el PP de Aznar, que dio el paso que ni Franco se había atrevido a dar, a pesar de que presumiblemente las jerarquías eclesiásticas debieron reclamárselo repetidas veces: modificar el artículo 206 de la Ley Hipotecaria eliminando la prohibición para la Iglesia Católica de inmatricular los edificios dedicados al culto.

A partir de ese momento y a lo largo de varios años la Iglesia ha ido inmatriculando sigilosamente miles de iglesias, catedrales, ermitas, santuarios, basílicas y cementerios que habían permanecido desde siempre como bienes públicos. Tan sigilosamente lo hicieron que las primeras alarmas comenzaron a sonar cuatro años después de que la Iglesia inmatriculara el primer templo. En Navarra, que además es la comunidad donde mayor número de latrocinios clericales se han detectado.

En el resto del estado español sólo he podido rastrear algunos casos sueltos más, el intento de choriceo de los terrenos de la parroquia de San Pablo de Santander en cuya perímetro incluso existían viviendas, frenado judicialmente por la comunidad de vecinos, el choriceo consumado de la ermita de san Bartolomé en Herrera de Soria. Y por supuesto en Córdoba, en la Mezquita (antes mezquita). Pero ¿Y en los demás lugares de la geografía católica apostólica y romana española? Y en Sevilla, y en Lugo, y en los pueblos castellanos con ermitas visigodas? ¿Y en Córdoba, qué pasa con las iglesias fernandinas, incluso que pasa con el negociete del convento de la Santa Cruz y la monja defenestrada? ¿Tendría algo que ver? Silencio, silencio absoluto. Ni los políticos, ni los ciudadanos, ni los periodistas, ¿nadie se ha dado cuenta del brutal cambio histórico que ha ocurrido en el sistema de propiedad de los bienes de interés cultural, histórico-artísticos en este país? ¿De estúpidos, podríamos decir? ¿De ciegos? ¿De cobardes?

Menos mal que Navarra nos redime, porque en Navarra... Bueno, eso lo dejaré para el siguiente post, que probablemente será mañana y en el que jugaremos a las 7 Diferencias entre lo que ha pasado en esa comunidad con el asunto del latrocinio de bienes públicos por parte de los curas y lo que ha pasado en Córdoba. 7 Pequeñas Diferencias, 7.

Hala, que soñéis con los Cofrades Ensotanados del Santo Latrocinio.

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