La cobardía cagaflorista

Hay pocos cordobeses que sepan que su ciudad podría figurar con gran merecimiento y gallardía en el Libro Guinness de los Récords con el título, que holgadamente podría ostentar, de LA CIUDAD EN LA QUE, SIN MEDIAR UNA GUERRA O REVOLUCIÓN, MAYOR CANTIDAD DE PATRIMONIO HISTÓRICO HA DESTRUIDO EN LOS ÚLTIMOS DOS O TRES SIGLOS DE LA HISTORIA. ¿De la historia de España? No, hijo, no, de la historia del mundo mundial. Menudo récord en unas sociedades donde la destrucción de los restos del pasado parece haberse convertido casi en un deporte de masas. Pues sí, Maripí, pero es que donde reside la verdadera machada de ese título no es en la cantidad ni calidad de lo expoliado sino en la vertiginosa velocidad imprimida a su devastación. Puede darle todas las vueltas que quiera, rebuscar en el hondo saco del pasado las comparaciones que crea oportunas, pero no encontrará ninguna otra ciudad del planeta en la que se hayan destruido en solo 15 años (1995-2010) MEDIO MILLÓN DE METROS CUADRADOS de yacimientos arqueológicos de arrabales islámicos altomedievales en buena parte perfectamente rescatables únicos en Europa y en el mundo. Sin que se haya puesto en valor ni uno sólo de esos metros. Una enorme bolsa de petróleo, una imagen que ya utilicé en otra ocasión y que ahora corretea por ahí cimarrona, que fue pinchada irresponsablemente y adrede dejando que su contenido se perdiera por los sumideros de la nada y que hubiera creado incalculables beneficios económicos a la ciudad a nada que se hubiera rescatado y puesto en valor aunque sólo hubiera sido el 10% de todo lo excavado y destruido. Eso sin hablar de la monstruosidad de haber escamoteado a todas las generaciones de humanos del futuro la contemplación y posibilidad de estudio de los documentos originales de su historia.

Los responsables fueron (siguen siendo) una banda organizada de bribones con corbata que por intereses que algún día tal vez salgan a la luz pusieron a los pies de los capos de la mafia financiero-ladrillista local los servicios arqueológicos públicos y privados de la ciudad con el fin de liberarles, con la mayor celeridad y eficacia posible, de escollos legales los suelos hormigonables que habían adquirido ligados a sospechosas recalificaciones en los que emprender cómoda y rápidamente sus suculentos negocios inmobiliarios. En esa banda participaban miembros de la Universidad, de la Gerencia de Urbanismo municipal, de la Junta de Andalucía y las empresas privadas a las que se permitió que ofertaran competitivamente a la mafia servicios de liberación de restos sin control institucional alguno. La mayoría de los restos encontrados, antes de la implosión de la crisis, en buen estado de conservación de lo que fuera la Qurtuba omeya: mezquitas, medersas, casas, calles, hammams, almunias, cementerios, etc, fueron minuciosamente triturados y arrancados para que las hormigoneras pudieran rellenar su lugar con el infame cemento de la especulación inmobiliaria. El truco para acallar ciertas bocas y sortear la legalidad proteccionista fue publicitar que, como contemplaba la ley, se había negociado destrucción por documentación.

Hoy día prácticamente todos los arqueólogos que participaron en aquel infame exterminio, a pesar de que trabajaron con reconocida profesionalidad pero sometidos a leonina explotación laboral, consienten en confesar ya sin rubor que dicha documentación adoleció en un elevado porcentaje de los casos de unas incontenibles prisas que llevaron a obviar sistemáticamente niveles y fineza en el estudio. Pero es que además la ingente documentación generada, ahora en manos de los responsables últimos del asunto, que tendría que haberles movido a poner al servicio de la sociedad que les paga los sueldos y a la que sustrajeron su patrimonio consintiendo su destrucción, al menos el conocimiento de lo destruido, duerme apacible sueño en los cajones de los varios negociados bicéfalos del Arqueobispado de la ciudad de Córdoba. Esperemos que no acaben, como ha ocurrido en otros casos recientes, alimentando publicaciones privadas en beneficio estricto de sus atesoradores y correspondientes editoriales.

Y toda esa fabulosa destrucción ocurrió ante las narices de la legión de vocingleros intelectuales y artistas -los políticos tienen intereses que van por libre- que han levantado en las ultimas semanas sus destempladas voces en los media locales para defender el patrimonio común ahora en peligro por la fraudulenta inmatriculación de la Mezquita por parte de la Iglesia y exigiendo su vuelta a la titularidad pública. Y nunca, ni uno sólo de ellos, salió antes a dar la cara para defender el patrimonio público de los restos arqueológicos de la Córdoba omeya. Ni muchas otras barrabasadas que ocurrieron en esta triste y corrompida ciudad de esquinas marcadas con orina de cura almizclero.

Algunos veníamos desde hace muchos, muchos años, desde 2006 aproximadamente, denunciando -pedricando en el desierto- la maniobra de desislamización del principal monumento de la ciudad, la falsificación que de su sentido artístico e histórico -la descaradísima manipulación del relato de su construcción, tanto globalmente como atendiendo a sus distintos elementos-, en que venía empeñada la usufructuaria del edificio, la Iglesia Católica. Luego supimos, después de que un profesor de Derecho de la UCO denunciara que en 2006 la había inmatriculado a su nombre acogiéndose a una modificación de una ley aprobada por el gobierno Aznar y aquejada de más que probable inconstitucionalidad, que todo formaba parte de unas maniobras orquestales a la vista y en la oscuridad para conseguir la propiedad total y absoluta del monumento y, para a la vez que se controlaba el discurso de su interpretación histórico-artística, explotarla económicamente con comodidad. Entonces, en 2009, cuando salió a la luz aquella denuncia tampoco ninguno de los cagaflores cordobitas con privilegiados púlpitos en los medios locales dijo ni mu. Puede que algo tuviera que ver que Cajasur, propiedad de la Iglesia, todavía partía y repartía en la ciudad con gran dadivosidad a quienes les reían las gracias. De la sección humanística de la UCO dedicada con unción a sus devociones de Frascuelo y de María nada se podía esperar. De la Cacademia de Nobles Caspas y Bellas Tretas, menos. Pero los pedricaores del desierto siempre quedamos esperando que alguno de esos valientes que ahora asoman en tropel a las páginas de los diarios galleando su denuncia soltara algún quejío en su momento.

Es la táctica del linchamiento. Esconderse en la muchedumbre para gritar y condenar sin peligro. Durante años permanecieron calladitos, sin cojones para levantar de uno en uno la voz para denunciar la furia con que los políticos y técnicos venían destruyendo el patrimonio arqueológico público ni contra la Iglesia que robaba descaradamente el símbolo y la materia de la Mezquita. Sólo cuando se han alzado muchas voces, primeramente de fuera, y han comprendido que la Iglesia ya no manda tanto como cuando tenía un banco para ella sola, poco a poco uno detrás de otro, los miembros de la intelligentsia cordobesca han ido asomando la gaita e hinchando su vena pescuecera desde sus tribunas periodísticas. Han mirado de reojo cómo poco a poco iban quedándose atrás en el impostado clamor de indignación que han conseguido los impulsores de la Plataforma levantar y se han lanzado en tropel, al calor y protección del levantisco griterío. Maricón el último.